El fiscal general recusa a cuatro magistrados del Supremo que decidirán si continúa en su cargo
ESPAÑA
Pide, a título particular, apartar a los jueces que lo acusaron de «desviación de poder»
09 may 2024 . Actualizado a las 05:00 h.Decía Simón Bolívar que es difícil hacer justicia a quien nos ha ofendido. Solo 24 horas después de que el Tribunal Supremo (TS) anulara el nombramiento de Dolores Delgado como fiscala de Memoria Democrática por parte del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, este recusó a cuatro magistrados del alto tribunal que deben decidir si continúa o no en el cargo al dudar de que sean imparciales y pidió que su caso sea revisado por otros que no se hayan pronunciado en su contra, como adelantó El Independiente.
El jefe del ministerio público presentó este incidente de recusación —a título particular y no a través de la Abogacía del Estado— contra cuatro jueces de la sala de lo Contencioso que lo acusaron de «desviación de poder» en una sentencia de noviembre pasado que anulaba su propuesta de nombrar a Delgado fiscala de sala de lo Militar, y que son los mismos que este martes anulaban también el segundo nombramiento de la exministra, aunque la recusación se planteó antes de conocer este fallo, según fuentes jurídicas.
Los magistrados afectados son Pablo Lucas, Luis María Díez-Picazo, Antonio Jesús Fonseca-Herrero y José Luis Reguero. Este último calificó de «apesebrado» a García Ortiz en un artículo de opinión publicado en La Razón. Los cuatro deben decidir ahora si se apartan de la tarea de examinar —junto a su colega Pilar Teso, recién incorporada y no recusada— el recurso presentado en febrero por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (Apif) contra la renovación del fiscal general al estimar que «no es idóneo para desempeñar, conforme a la Constitución, las funciones que tiene asignadas». Esta asociación lo acusa de «privar» al Consejo Fiscal de elaborar un informe que el Senado había pedido sobre la ley de amnistía, y de mostrarse «descaradamente parcial por su apoyo al Gobierno»; le recrimina el primer nombramiento de Delgado; y recuerda que el Consejo General del Poder Judicial también lo consideró «inidóneo».
Si los cuatro recusados no se apartan, será la llamada Sala del 61, un sala especial del TS compuesta por 16 magistrados, la que deberá pronunciarse sobre la petición inédita de García Ortiz.
Comparecencia en el Congreso
El PP registró un escrito en el Congreso pidiendo su comparecencia urgente en la Comisión de Justicia para que explique su decisión de promover dos veces a Delgado, su antecesora y exministra, dos nombramientos ya anulados por el TS.
García Ortiz —que no se plantea dimitir y asegura que no será cesado porque su autonomía está blindada— defendió el martes por la noche en TVE la nota de prensa que emitió la Fiscalía de Madrid sobre el caso de fraude fiscal del novio de la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso porque pretendía rebatir una información «parcial y falsa». También explicó que al ponderar el deber de confidencialidad prevaleció «el derecho a conocer una información veraz» y señaló que la querella de Alberto González Amador busca intimidar a los fiscales. «Perseguir al perseguidor es algo que ocurre muchas veces», sentenció.
El Senado reprueba a García Ortiz por «incumplir sus funciones»
El Pleno del Senado aprobó ayer una moción promovida por el PP —partido que tiene mayoría absoluta en la Cámara Alta—, que reprueba al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y propone al Ejecutivo su «cese inmediato» por lo que considera el «incumplimiento de sus funciones» (artículo 31.d del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal) y la designación de otra persona para el cargo. La iniciativa salió adelante con el apoyo de los populares, Vox y UPN, mientras el PSOE votó en contra y sus socios —Junts, ERC, PNV y EH Bildu— se abstuvieron.
La senadora del PP María Asunción Mayo acusó a García Ortiz de mostrar un «servilismo descarado» hacia el Gobierno socialista; de «demorar» la ejecución de sentencias del Supremo «que no le son favorables»; de tener una «sesgada política» de nombramientos «tan favorable» a miembros de la Unión Progresista de Fiscales (UPF); y de «sintonía» con partidos que acusan de lawfare a la Justicia española. Mayo incluso llegó a reclamar «la dimisión de todo el Gobierno».
Vox culpó al jefe del ministerio público de «carencia de imparcialidad», «uso partidista» de la Fiscalía y de desvelar datos confidenciales en el caso de fraude fiscal de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. También criticó el «trato de favor» a su antecesora, Dolores Delgado, al nombrarla fiscala de sala; y llegó a imputarle «posibles injerencias» en las últimas elecciones generales.
El caso Prestige y Franco
Salió en defensa de García Ortiz el senador socialista José María Oleaga, que subrayó su «muy brillante» currículo y su experiencia en delitos medioambientales. De hecho, opinó que el PP lo ataca porque fue el fiscal del caso Prestige. Oleaga también escudó a Delgado, que era ministra de Justicia cuando el Ejecutivo de Pedro Sánchez sacó los restos de Franco del Valle de los Caídos. «Esa es la causa de su inquina», sostuvo. Desde Más Madrid valoraron que la forma de hacer política de los populares es «más propia de una banda de matones y acosadores que de un partido político serio».
La UPF tachó este miércoles la reprobación de García Ortiz de «gravísimo e intolerable ataque a la autonomía del Ministerio Fiscal, además del más execrable ejemplo de utilización partidista de las instituciones».